“Me interesó estudiar el tema de la obesidad como un problema complejo, el cual es producto de múltiples causas, donde no puedes reducirlas solamente a lo genético, económico o político, sino que se necesita tener en cuenta todos los elementos en su conjunto para poder darle explicación a este fenómeno”, dijo.

El trabajo más reciente del investigador, que inició durante la pandemia, se enfoca en analizar la eficacia de las políticas públicas contra la obesidad que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A raíz de la pandemia por COVID-19, se visibilizó la necesidad de reducir el problema de la obesidad, pues representaba un factor de riesgo enorme, generando un agravamiento en esta enfermedad respiratoria, por lo que los gobiernos del mundo se centraron en estudiar cómo reducir la obesidad y, en México, el gobierno que le tocó hacer frente a la pandemia y a la reducción de la obesidad fue al gobierno de la 4T”, mencionó Hernández Cervantes.

Para analizar estas estrategias, el investigador comenzó preguntándose ¿qué se había hecho antes?, ¿por qué el problema de la obesidad avanzó tan fuerte en décadas pasadas, a tal modo que nos llevó a una situación de muchísima vulnerabilidad, en el contexto de la pandemia?, y ¿qué se está haciendo diferente?, es decir, ¿cuáles serían los temas que este gobierno, a diferencia de los otros, está poniendo en el centro? Esto, según cuenta el investigador, mostraría “qué continuidades y avances hay respecto a gobiernos anteriores, y las limitantes que se han observado con las políticas que el gobierno de la 4T ha impulsado”, dijo.

Una vez que planteó todas estas dudas, el investigador Josafat Hernández Cervantes decidió hacer su investigación de manera cualitativa, es decir, se centró en estudiar informes de gobierno, planes que hicieron los diferentes gobiernos, entrevistas, datos y noticias, centrándose, sobre todo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, siguiendo siempre un análisis histórico y comparativo de ambos enfoques.

Entre las políticas públicas contra la obesidad, tanto de la 4T como anteriores, que el investigador revisó, podemos encontrar, por ejemplo, la implementada en el 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que se decidió aplicar un impuesto del 8% a la comida chatarra. Una más actual fue la implementada en este 2022, en la que el gobierno de Andrés Manuel prohibió la venta y publicidad de comida chatarra tanto dentro de las escuelas como fuera de estas.

En varias de estas políticas, Hernández Cervantes encontró un patrón: “Las industrias alimentarias son las que han bloqueado las medidas que ayudan a desestructurar el entorno obesogénico”, advierte. Sin importar el gobierno en turno, las injerencias de la industria permanecen.

Por ejemplo, en un inicio el impuesto a la comida chatarra que se propuso en 2013 se intentó que fuera del 20%, “pero entraron las diferentes empresas de la industria de los alimentos, quienes presionaron al gobierno en turno, de tal manera que se estableció un impuesto del 10%, y eso lo que hizo fue suavizar el impacto que podría haber tenido una introducción de un impuesto en la estructuración de los entornos obesogénicos”, puntualizó el investigador.

Sobran ejemplos de cómo la industria alimentaria ha intervenido o ha intentado intervenir en políticas públicas contra la obesidad. En México, luego de que en 2014 entrara en vigor un impuesto a las bebidas azucaradas, diputados de algunos de los partidos del país intentaron una reducción de hasta 50% en este impuesto, pues muchos de ellos estaban vinculados directa o indirectamente a empresas de la industria alimentaria, sin embargo, no prosperó, gracias a que el Senado de la República frenó esa reducción.

Otro ejemplo fue cuando en 2019, la industria alimentaria intentó, por medio de presiones, frenar las medidas de etiquetado que el actual gobierno de Andrés Manuel propuso, intentando que se mantuviera un etiquetado menos restrictivo y argumentando que las empresas se verían fuertemente afectadas, sin embargo, esta presión no logró prosperar y, para 2020, el nuevo etiquetado entró en vigor y fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El etiquetado frontal, un primer gran paso

Dentro del análisis de Hernández Cervantes también hay ejemplos positivos. Para él, una de las políticas introducidas con el actual gobierno que son prometedoras es el nuevo etiquetado en los productos, pues si bien ya se habían introducido anteriormente, los nuevos son más sencillos de entender.

Esta medida puede llegar a ser positiva, pues así se ha visto en los resultados presentados por el Ministerio de Salud de Chile que instauró el nuevo etiquetado en 2016 y de quien México se inspiró para llevar a cabo esta iniciativa. Un informe de octubre de 2021 del gobierno chileno muestra que gracias al etiquetado hubo disminuciones del 25%, 17% y 36% en la compra de bebidas azucaradas, postres envasados y cereales para desayuno, respectivamente; además, tras analizar varios tipos de alimentos, estos tuvieron 25% menos de azúcares en las categorías de alimentos estudiados y un 5-10% menos de sodio.

Por eso Hernández Cervantes es optimista respecto a los potenciales resultados que podría tener en México. “Yo estimo que esto va a tener un impacto positivo, al menos en la manera en cómo la población toma decisiones sobre qué sí y qué no comprar en los supermercados. Aún no hay estudios que nos digan exactamente cómo esto ha reducido la obesidad, es una línea de investigación que requiere tiempo y debe seguirse trabajando, sin embargo, me parece que ha sido correcta su introducción”, dijo.

Un tratado de libre comercio ineficaz

De acuerdo con el investigador del C3, el problema de fondo para lograr disminuir los ambientes obesogénicos tiene que ver con la falta de un sistema agroalimentario saludable, para lo cual se necesita fortalecer a los productores locales y al campo, de manera que todos los alimentos que ellos produzcan lleguen a la ciudad.

“Gran parte de los alimentos que nosotros tenemos en estos momentos en diferentes partes del país provienen de Estados Unidos, los cuales son alimentos ultraprocesados y malos para la salud, pues tienen una pésima calidad nutricional, por lo que necesitamos apostar por una comida más natural. El gobierno actual, como yo lo he visto, ha intentado incentivar la producción local, pero me parece que también ha sido insuficiente”, mencionó.

Durante la conferencia número 42 del ciclo sobre Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, organizada por la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se dijo que había 62 Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii) que identifican alternativas culturalmente pertinentes, seguras para la salud humana y para el ambiente, y se han establecido diversas acciones en 25 estados de la República. Por ejemplo, se destacó el caso de la fabricación de bioherbicidas a base de extractos de plantas nativas del semidesierto de Coahuila.

Sin embargo, dice el investigador, “son proyectos muy pequeños y aislados, y me parece que lo que se necesita es una producción nacional que pueda cubrir la demanda local”.

Parte de la razón de que tengamos una excesiva cantidad de alimentos ultraprocesados de Estados Unidos, fue la negociación del Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1992 y entró en vigor en 1994, en donde, como su nombre lo indica, para México representó una apertura de sus fronteras al libre comercio, permitiendo la comercialización de productos chatarra, lo que provocó que los campesinos no pudieran ser competitivos a través de sus productos; el campo quedó rezagado, y el gobierno no implementó estrategias para ayudar a este mercado, terminando por importar mayores productos agrícolas de Estados Unidos como el maíz y el frijol, los cuales son granos representativos de la cultura mexicana, además, productos como la comida rápida, que antes del TLCAN tenían precios muy altos y que solo podía costear la clase media, luego de este se volvieron más accesibles y pasaron a formar parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

El acuerdo trajo como consecuencia una inundación de productos de bajo nivel nutricional provenientes de Estados Unidos, y que se desplace a los productores locales. “En el T-MEC pudimos haber tenido mayor incidencia, pero desgraciadamente al gobierno le faltó negociar más en el tema del campo”, agregó Josafat Hernández. Esto dado que el T-MEC no trajo cambios importantes en el comercio agrícola y, de hecho, la gran mayoría de las disposiciones originales que se encontraban en el TLCAN permanecieron en el nuevo T- MEC.

Para el investigador, atender la obesidad, que para 2030 afectará a más de 35 millones de adultos mexicanos según datos del Atlas Mundial de la Obesidad (World Obesity Atlas), u otras enfermedades como la diabetes, que causa la muerte de 140 mil personas en México al año, implica generar conciencia alimentaria en las personas, pero, sobre todo, tener políticas públicas eficaces.

“Las políticas públicas y su mejoramiento son centrales para la lucha contra la obesidad. Tendría que haber un análisis cuidadoso y multicausal del problema de la obesidad, y pensar en políticas públicas que sean factibles, es decir, que den resultados en el corto, mediano y largo plazo; además, se requiere que la población ponga de su parte en el sentido de ser conscientes de que consumiendo comida chatarra están validando un sistema de despojo y destrucción ambiental que al mismo tiempo es insano”, finalizó Hernández Cervantes.

Ligas de interés:

• Perfil del Dr. Josafat I. Hernández Cervantes
  https://orcid.org/0000-0002-8077-5900

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